El Real Decreto Ley 463/2020 de 14 de Marzo ha dejado numerosas lagunas y algunas de ellas tienen un impacto impresionante en la economía del país.
En lo referente a la industria de la vivienda, ha paralizado de facto la compraventa de viviendas, tanto de primera como de segunda mano. Ha puesto tales trabas legales que no es posible realizar compraventas.
En lo referente al contrato de arras, las relaciones contractuales establecidas no han recibido ningún tratamiento ni mención en el Real Decreto, por lo que hoy por hoy, depende del criterio jurídico interpretativo y de la buena voluntad y disposición de las partes para llegar a un entendimiento, esto es, a ampliar los plazos de mutuo acuerdo.
Y en cuanto a elevar a público la compraventa, el notario sólo realizará las actuaciones de urgencia. El profesional inmobiliario comunicará con la notaría y será el notario quien valorará la urgencia. El Consejo General del Notariado ha recomendado reducir al máximo los documentos notariales excepto situaciones graves que no permitan aplazamiento (como enfermedad), por lo tanto queda a discreción del notario.
En lo referente a las hipotecas, el proceso de solicitud de hipotecas se mantendrá teóricamente sin problemas, dado que los bancos siguen funcionando, aunque el cierre de algunas oficinas sin dudad dificultará el proceso. No obstante, falta la validación final y firma de la hipoteca: desde la tasación a los notarios, también necesarios en la firma de la hipoteca, lo que -como hemos comentado anteriormente- queda sujeto al criterio del notario.
La construcción no ha sido paralizada todavía, si bien se ha ralentizado mucho, por los especiales protocolos que hay que seguir en materia de Seguridad y Salud y por la ralentización de los suministros. Hay ya iniciativas, como la del alcalde de Madrid, que el 20 de Marzo enviaba un comunicado a la Presidenta de la Comunidad de Madrid en el que consideraba «imprescindible» que se paralicen todas las obras «salvo aquellas que tengan un carácter de urgencia». Pero por otro lado, la paralización total de la actividad de construcción por la actual situación de crisis sanitaria y el estado de alarma restaría «cerca de un punto porcentual del PIB» anual en tan sólo un mes, según el SEOPAN, la patronal de grandes constructoras y concesionarias, que solicita aplicar una ampliación automática del plazo de ejecución de los contratos para compensar el tiempo de trabajo que se pueda haber perdido por «el menor ritmo de producción a causa de la pandemia».
La paralización de este mercado, más allá de su peso en el PIB, va a ser muy negativa para la economía nacional, pues en los últimos años se han constituido grandes promotoras inmobiliarias con la entrega prevista de miles de viviendas al año. Estos procesos son muy intensivos en capital, pues se han de comprar suelos, urbanizar y posteriormente construir y comercializar, por lo que el beneficio se recoge al final del proceso, y con unos niveles de endeudamiento muy altos. ¿Cómo van a hacer frente a dichos pagos si los ingresos se reducen drásticamente? Creemos que a semejanza de 2007 y 2008, vamos a ver muchas grandes empresas en graves dificultades financieras.
Publicado previamente en LinkedIn el 25 de Marzo 2020 https://www.linkedin.com/
